La Contraloría General de la República resolvió la destitución definitiva del alcalde de la comuna de Vichuquén, Patricio Rivera, luego de un grave incidente ocurrido durante las celebraciones de Fiestas Patrias, cuando fue sorprendido conduciendo un vehículo fiscal en estado de ebriedad, situación que generó amplio rechazo y abrió un proceso administrativo en su contra.
Según los antecedentes contenidos en el sumario, el hecho se registró en la Ruta J60, en la Región del Maule, donde personal de Carabineros realizó una fiscalización vehicular. En ese contexto, el jefe comunal fue sometido a un alcotest, el cual arrojó 1,78 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra que excede con creces los límites establecidos por la normativa vigente y que configura el delito de conducción en estado de ebriedad.
A esta falta se sumó un antecedente adicional considerado especialmente grave por el organismo contralor, ya que el alcalde no habría acatado inicialmente una orden de detención, obligando a Carabineros a desplegar un procedimiento más complejo para controlar la situación. Además, el vehículo que conducía correspondía a un automóvil de uso municipal, lo que implicó un uso indebido de bienes fiscales.
Tras conocerse los hechos, la Contraloría General de la República inició un sumario administrativo, con el objetivo de establecer responsabilidades y determinar eventuales sanciones. Luego de analizar los antecedentes recopilados, el organismo resolvió este 30 de diciembre aplicar la máxima sanción administrativa, decretando la destitución del cargo, al considerar que se vulneraron gravemente los principios de probidad, legalidad y responsabilidad que rigen la función pública.
Desde la Contraloría se reiteró que las autoridades están obligadas a mantener una conducta intachable, tanto en el ejercicio de sus funciones como en el uso de recursos públicos, especialmente cuando sus acciones pueden poner en riesgo la seguridad de terceros.
Hasta el cierre de esta nota, el ahora exalcalde no ha emitido una declaración pública respecto a la resolución, mientras que el municipio de Vichuquén deberá activar los mecanismos administrativos correspondientes para asegurar la continuidad de la gestión comunal. El caso sigue generando repercusiones a nivel regional y reabre el debate sobre la responsabilidad y el estándar ético que se exige a quienes ocupan cargos de elección popular.
